La Corte Suprema descarta el asesinato de Eduardo Frei Montalva, expresidente de Chile

La Corte Suprema chilena ha descartado este viernes en forma definitiva que el expresidente democristiano Eduardo Frei Montalva, que gobernó el país sudamericano entre 1964 y 1970, haya sido asesinado por envenenamiento en 1982, en plena dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990), por lo que confirmó un fallo de enero 2021 de la Corte de Apelaciones de Santiago. Previamente, en enero de 2019, el juez Alejandro Madrid, después de casi 20 años de investigación, había llegado a una conclusión opuesta, cuando acusó a seis personas por homicidio.

La sala penal del máximo tribunal ha considerado que Frei Montalva, cuyo hijo Eduardo Frei Ruiz-Tagle también fue presidente de Chile (1994-2000), murió a causa de complicaciones médicas a los 71 años en la Clínica Santa María de Santiago el 22 de enero de 1982, donde llevaba internado 44 días con un cuadro infeccioso tras ser operado de una hernia hiatal. Cuando falleció, el exmandatario, quien entregó el poder al socialista Salvador Allende (1970-1973), era el principal líder de oposición a Pinochet.

Frei Montalva fue fundador de la Democracia Cristiana en Chile, un partido que definió la política del país en la segunda mitad del siglo XX. Durante su Administración lideró transformaciones fundamentales, como la reforma agraria. Y, aunque fue uno de los más férreos opositores a Allende, después del golpe de Estado –este 11 de septiembre se conmemoran 50 años–, se transformó en unas de las principales voces críticas del pinochetismo.

En agosto de 1980, dos años antes de su muerte, llamó a las elecciones libres y abiertas en un evento conocido como Caupolicanazo. Realizado en el Teatro Caupolicán, en el centro de Santiago, fue la primera manifestación organizada de la oposición. El expresidente era una figura peligrosa para el régimen: a diferencia de los líderes de la izquierda que salieron al exilio, había permanecido en el país y desempeñaba un papel importante contra la dictadura desde dentro del territorio.

En el fallo que se ha dado a conocer este 18 de agosto, los cinco jueces de la Corte Suprema, en forma unánime, confirmaron la absolución de los seis condenados por el crimen. De ellos, tres fallecieron durante la tramitación de la causa: Patricio Silva Garín, Helmar Rosenberg Gómez y Sergio González Bombardiere. En tanto, Raúl Lillo Gutiérrez y Luis Becerra Arancibia, sentenciados en primera instancia como autores del asesinato, y Pedro Valdivia Soto, en calidad de cómplice, han sido liberados de los cargos.

El juez Madrid, en primera instancia, había llegado a la conclusión que “una sustancia química evidentemente colaboró a la situación definitiva que tuvo el expresidente”. Cuando el caso llegó a la Corte de Apelaciones, sin embargo, tres jueces -también en forma unánime- desvirtuaron esas tesis: Paola Plaza, Guillermo de la Barra y Jaime Balmaceda.

Plaza y de la Barra son, a su vez, dos magistrados chilenos que han sido designados para investigar crímenes ocurridos durante el régimen de Pinochet, causas en las que han condenado a cientos de exmilitares y exagentes de la policía secreta de la dictadura.

La ministra Plaza es, además, quien investiga las circunstancias de la muerte del poeta chileno y Premio Nobel de Literatura, Pablo Neruda. Es un caso en el que está ad portas de emitir una sentencia que dirimirá, en primera instancia, si es el escritor murió en la Clínica Santa María el 23 de septiembre de 1973 a causa del cáncer de próstata con metástasis que padecía , o de envenenamiento. Quien aseguró que fue asesinado fue su chofer Manuel Araya en 2011 –que murió este año– y luego el Partido Comunista chileno presentó una querella en base a ese testimonio.